En medio de la convulsionada interna del Partido Justicialista (PJ) de Jujuy, la contienda sumó un nuevo capítulo en el ámbito de los tribunales federales. El Juez Federal N° 1 con competencia electoral, Esteban Eduardo Hansen, requirió formalmente al Fiscal Federal Electoral que emita un informe detallado sobre el estado de la denuncia penal impulsada contra los integrantes de la Junta Electoral partidaria.
La medida, dispuesta mediante un proveído firmado por el juez Hansen y el secretario electoral Manuel Gustavo Álvarez del Rivero en el marco del expediente CNE 9175, responde a la acción promovida por los dirigentes Hugo Efraín Rainero Garay y Nicolás Adrián Marañón, apoderados de la Lista N° 2. La presentación apunta contra los miembros de la junta —Edgardo Santiago Salto, María Luz Llorens, Walter Miguel Rodríguez, Ana Jazmín Anzorena y Pablo Ariel País— por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y prevaricato.
El requerimiento judicial se da en un contexto de persistente judicialización y tensión institucional en el peronismo local, salpicado por impugnaciones de listas y cuestionamientos a los procedimientos de avales. Las actuaciones penales se centran en el accionar de la junta ante denuncias por presuntas arbitrariedades cometidas durante el proceso electoral en beneficio de la lista oficializada.
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