La situación de los aproximadamente 74.000 afiliados que el PAMI registra en todo el territorio jujeño atraviesa un momento crítico. Referentes de los jubilados y pensionados nacionales advirtieron sobre una drástica merma en las coberturas de salud, demoras superiores a un mes para conseguir turnos con especialistas y la proliferación de cobros ilegales de plus médicos.
Ante este panorama, desde las agrupaciones del sector calificaron el actual escenario como un “total abandono de persona” que pone en riesgo la salud y la vida de los adultos mayores desde La Quiaca hasta el sur provincial.
Copagos, falta de autonomía y casos extremos de internación
En declaraciones periodísticas, el referente de los jubilados nacionales en Jujuy, Sergio Pedro Camacho, cuestionó duramente la centralización administrativa de la obra social, señalando que las autoridades locales poseen apenas un margen mínimo de decisión frente a las directivas que llegan desde Buenos Aires.
Entre las irregularidades más graves detalladas por el dirigente figuran:
- Cobros indebidos: Denunciaron que tanto los médicos de cabecera como los especialistas exigen el pago de aranceles particulares (plus) para brindar atención.
- Demoras críticas: Los turnos programados superan holgadamente los treinta días de espera, obligando a los pasivos a recurrir de urgencia a los hospitales públicos.
- Trabas en internaciones: Reportaron episodios de extrema gravedad donde sanatorios privados se negaron a recibir a pacientes delicados aduciendo deudas por parte de la obra social nacional, exigiendo sumas elevadas de dinero particular para garantizar el ingreso a una cama.
Esta crisis prestacional se suma a las reiteradas quejas por las dificultades para acceder al universo de medicamentos y los recortes operativos que derivaron en el cierre de diversos centros de jubilados tanto en la capital como en el interior.
Articulación de un frente de lucha provincial
Ante la falta de respuestas institucionales, las organizaciones de la tercera edad comenzaron a coordinar un frente de acción directa y confeccionan un petitorio formal. El documento será presentado de manera conjunta ante la delegación local del PAMI, el Gobierno de la Provincia y las autoridades nacionales, exigiendo la restitución urgente de los servicios médicos esenciales y el cese de los cobros ilegales.
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