La relación personal y profesional entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, atraviesa un momento crítico tras revelarse los resultados de una auditoría privada realizada sobre la carrera de la cantante de 29 años. Según confirmaron sus representantes legales, la artista no posee participación accionaria ni control sobre ninguna de las sociedades comerciales que gestionan sus ingresos, contratos discográficos y derechos de imagen acumulados durante más de 15 años de trayectoria.
Ante este panorama, el abogado penalista Leonardo Sigal analizó en Infobae en Vivo las implicancias jurídicas que afrontaría Alejandro Stoessel en caso de que la disputa derive en una denuncia judicial. El letrado explicó que, si bien los padres ejercen la patria potestad y representación legal de los menores para firmar contratos millonarios, dicha potestad concluye formalmente a los 18 años. El nudo del conflicto radica en la continuidad del esquema: la totalidad de las ganancias pasadas y futuras continuaron canalizándose en estructuras donde la artista no tenía injerencia ni acceso a cuentas bancarias exclusivas a su nombre hasta junio de 2026.
Sigal advirtió que si las pericias oficiales determinan un perjuicio patrimonial contra la cantante, la situación encuadraría en los artículos 172 y 173 del Código Penal bajo las figuras de administración fraudulenta y defraudación, con penas contempladas de 1 a 6 años de prisión. El especialista remarcó que, de probarse múltiples maniobras, los delitos concursarían en forma real, lo que elevaría la escala penal y complicaría la libertad del productor. Asimismo, no descartó posibles investigaciones por infracciones a la ley tributaria en el manejo de las sociedades involucradas.
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