Este viernes 23 de octubre comienza el juicio oral unificado por las causas “Hotesur” y “Los Sauces”, en el que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su hijo Máximo Kirchner enfrentan acusaciones por presunto lavado de dinero, asociación ilícita y admisión de dádivas. La investigación fiscal sostiene que ambas firmas comerciales habrían sido utilizadas como vehículos para blanquear fondos de origen ilícito mediante contratos de alquiler con empresas pertenecientes a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López.
El proceso judicial, considerado una de las causas de presunta corrupción administrativa de mayor envergadura de los últimos años, analizará una compleja red de transferencias e inscripciones inmobiliarias registradas durante la gestión de la exmandataria.
El esquema detrás de Los Sauces y Hotesur
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio, la causa Los Sauces se enfoca en las operaciones de la sociedad inmobiliaria familiar concretadas entre los años 2009 y 2016. La fiscalía argumenta que la empresa facturó casi 26 millones de pesos, de los cuales cerca del 88% provino directamente de firmas vinculadas al Grupo Báez y al Grupo Indalo. Para los investigadores, estas contrataciones habrían respondido a alquileres presuntamente inflados o ficticios destinados a canalizar retornos hacia el patrimonio personal de la familia Kirchner.
Por otro lado, la causa Hotesur investiga el arrendamiento de plazas hoteleras en el sur del país. Según la acusación, las compañías de Lázaro Báez giraron más de 86 millones de pesos a la gerenciadora Valle Mitre para abonar la reserva constante de habitaciones y salones en el hotel Alto Calafate y en la Hostería Las Dunas. La hipótesis judicial indica que dichos desembolsos se realizaron sin ocupación real, constituyendo una presunta contraprestación irregular ligada a la concesión de obra pública vial.
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