La provincia de Santa Fe dio un paso contundente en materia de seguridad urbana y ordenamiento del espacio público. El gobernador Maximiliano Pullaro promulgó la Ley 14.486, una normativa de alcance provincial que prohíbe de forma tajante la actividad de los denominados “cuidacoches” o “trapitos”, estableciendo severas sanciones que incluyen hasta 80 días de arresto para quienes la ejerzan.
A través del Decreto 2121, firmado junto al ministro de Gobierno Fabián Bastía, la provincia puso en plena vigencia la iniciativa impulsada por el senador por Rosario, Ciro Seisas. El texto legal contempla penas no solo para los casos de exigencias monetarias o extorsiones explícitas, sino también para cualquier ofrecimiento informal de estacionamiento, guarda, cuidado o lavado de vehículos en la vía pública, aun cuando el pago sea presentado bajo la fachada de un aporte “voluntario”.
La medida busca erradicar de raíz un foco histórico de conflictos urbanos y violencia en las calles santafesinas. La problemática golpea con particular fuerza a la ciudad de Rosario, que concentra 1.218 de los 1.395 cuidacoches formalmente censados en la provincia y que registró más de 200 detenciones vinculadas a incidentes viales y extorsiones en el último año. Con la puesta en marcha de este marco regulatorio, Santa Fe lidera la ofensiva contra la extorsión vial e instala el debate en todo el país sobre la necesidad de aplicar esquemas similares en otras jurisdicciones.
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