Un indignante operativo policial conmociona a la opinión pública internacional tras la ejecución del desahucio forzoso de Maricarmen, una mujer de 87 años con un 50 % de discapacidad. La adulta mayor residía desde 1956 en su vivienda de la calle Alcalde Sainz de Baranda, en el tradicional barrio de Retiro en Madrid, España, de donde fue expulsada de forma intempestiva para que la empresa propietaria pueda disponer del inmueble.
El conflicto se desencadenó cuando la firma Urbagestión Desarrollo e Inversión S. L. adquirió el edificio y desconoció el contrato de renta antigua de la inquilina, exigiendo un aumento desmedido de la cuota mensual. El alquiler pasó abruptamente de 500 a 1.650 euros mensuales, un monto equivalente a un incremento del 275 % que resultaba imposible de afrontar con la jubilación que percibe la abuela. Pese a los intentos de mediación y pedidos de prórroga para encontrar una solución habitacional, la corporación rechazó tajantemente cualquier acuerdo.
El violento desenlace provocó la movilización de cientos de vecinos, activistas y figuras públicas que acamparon en las inmediaciones de la vivienda en Madrid, España, para resistir pacíficamente la medida. Sin embargo, la Policía Nacional desplegó un fuerte operativo que incluyó cargas contra los manifestantes y momentos de extrema tensión en el portal del edificio para garantizar el ingreso de la comitiva judicial, dejando a la anciana en la calle en medio de una ola de repudio social contra las especulaciones inmobiliarias.
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